El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publica hoy el acuerdo del consejo rector del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) por el que el pasado 11 de agosto se aprobó la convocatoria para abrir una línea de ayudas especial a las comunidades de propietarios para la instalación de ascensores en edificios que carecen de ellos, una iniciativa del grupo municipal del PSOE que el equipo de gobierno asumió al facilitar los socialistas un trámite económico para desbloquear el Polo Digital en Tabacalera. Esta publicación implica que, a partir de este martes, los interesados en recibir estas subvenciones ya pueden presentar la documentación necesaria para ello en la Oficina de Rehabilitación del IMV, ubicada en la plaza de la Judería, preferentemente. El plazo para la recepción de solicitudes estará abierto durante 60 días naturales, hasta la mitad de noviembre, por lo que el grueso de las ayudas se concederán ya el año que viene si bien para lo que queda de 2015 hay una partida de 50.000 euros reservada por si se resolviera algún expediente.
En total, serán dos millones de euros que se distribuirán en función de una serie de condiciones. Una de ellas es que los edificios que se beneficien de estas ayudas, que supondrán entre el 50% y el 90% del coste de la instalación del ascensor y eliminación de barreras arquitectónicas en función del nivel de renta de los vecinos, deberán tener más de 35 años de antigüedad y más de tres plantas, es decir, baja más dos. La ayuda máxima por comunidad será de 100.000 euros y al menos la mitad de los propietarios deben cumplir el requisito de no percibir unos ingresos superiores a 2,5 veces el IPREM, lo que supone que no pueden cobrar más de 1.331 euros al mes. Puntuará a favor de los aspirantes la existencia de personas dependientes en el edificio en cuestión.
El coste medio de la instalación de un ascensor puede rondar los 50.000 euros, por lo que serían entre 40 y 20, aproximadamente, los inmuebles que podrían obtener las ayudas. El IMV se encargará de contratar y acometer las obras y los vecinos podrán abonar la parte que les corresponda en un plazo máximo de 10 años. Además, el Ayuntamiento colaborará con las comunidades en la búsqueda de financiación bancaria para poder sufragar su aportación.
Noticia por Jesús Hinojosa para DiarioSur
Imagen por Gideon Tsang